Antecedentes del caso

El litigio se originó por una demanda de reparación directa presentada por la propietaria de un establecimiento de comercio dedicado al servicio de parqueadero autorizado para la guarda y custodia de vehículos inmovilizados por agentes de tránsito. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja otorgó la autorización para esta actividad desde 2008, prorrogándola hasta finales de 2015. Se pactó que la entidad pagaría a la propietaria el 80 % del valor del servicio, calculado según tarifas ajustadas anualmente conforme al salario mínimo legal vigente. Sin embargo, al no prorrogarse la autorización a partir de 2016, quedaron en el parqueadero 2.479 vehículos inmovilizados cuyo servicio de custodia no fue pagado, generando una cartera superior a los 12.000 millones de pesos. La demandante alegó falla en el servicio y enriquecimiento injusto por parte de la Inspección, además de la omisión en el trámite de abandono administrativo de los vehículos, procedimiento que permitiría hacer efectivo el pago. El Tribunal Administrativo de Santander negó inicialmente las pretensiones, al considerar que no existió enriquecimiento sin justa causa ni falla en el servicio, dado que el pago correspondía a los propietarios de los vehículos y la entidad no habría recaudado esos valores.

Decisión de la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado

En segunda instancia, el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y declaró patrimonialmente responsable a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja por el servicio de parqueadero prestado desde el 1° de enero hasta el 28 de febrero de 2016 y desde el 10 de diciembre de ese...