El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, analizó una acción de tutela presentada por la Gobernación del Valle del Cauca contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que ordenaba el reintegro de un servidor público nombrado en periodo de prueba y establecía el pago de indemnización por retiro.

Antecedentes del caso

El servidor había sido nombrado en periodo de prueba por seis meses en un cargo de Auxiliar de Servicios Generales en una institución educativa. Posteriormente, la entidad declaró vacante su cargo por abandono, tras ausencia prolongada. El servidor fue absuelto en proceso disciplinario por esta causa y solicitó su reintegro, el cual fue negado. En consecuencia, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando su reintegro y pago de salarios dejados de percibir. En primera instancia, el juzgado accedió a la demanda, señalando la falta de garantía del debido proceso en la declaración de vacancia y ordenó el reintegro. Sin embargo, en segunda instancia el Tribunal Administrativo modificó parcialmente esta decisión, confirmando la nulidad de la vacancia por falta de oportunidad para la defensa, y ordenó el reintegro en periodo de prueba, pero calculó la indemnización sin aplicar el límite mínimo de seis ni máximo de veinticuatro meses de salario previsto en el precedente de la Corte Constitucional (sentencia SU-556 de 2014).

Objeto de la acción de tutela

La Gobernación del Valle del Cauca interpuso la acción de tutela alegando vulneración del derecho al debido proceso y al principio de legalidad por parte del Tribunal Administrativo, debido a que no aplicó correctamente el precedente...