El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, admitió la acción de tutela interpuesta contra providencias de dos instancias judiciales administrativas, por presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, buen nombre, libertad y patrimonio.

Contexto del caso y solicitud de medida provisional

La tutela fue presentada en el marco de un proceso de desacato relacionado con una orden de arresto conmutable con multa impuesta por el Juzgado Séptimo Administrativo y confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo del Magdalena. La solicitante pidió la suspensión provisional de dicha orden, argumentando un riesgo inminente para sus derechos fundamentales, conforme a los criterios establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de medidas provisionales.

Decisión sobre la medida provisional

El Consejo de Estado evaluó que la orden de arresto objeto de la suspensión fue revocada por el Tribunal Administrativo, lo que elimina la urgencia y viabilidad de la medida provisional solicitada. En consecuencia, negó la suspensión solicitada, señalando que cualquier decisión a futuro requerirá un análisis completo de los argumentos de las autoridades judiciales y de las partes interesadas. Además, recordó que el juez de tutela tiene la facultad de adoptar las medidas necesarias para proteger derechos fundamentales que se encuentren amenazados o vulnerados.

Procedimientos y próximos pasos

La providencia ordena notificar de manera expedita a las autoridades demandadas y a terceros con interés, para que rindan informe en un plazo de dos días. Asimismo, se requirió el expediente del proceso de desacato para su revisión. La...