Antecedentes del caso

La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente con suspensión por dos meses al alcalde del municipio de Cerinza, Boyacá, por una falta cometida durante su periodo administrativo. La decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Posteriormente, se remitió el expediente al Consejo de Estado para que se realizara el control integral del proceso disciplinario mediante el recurso extraordinario de revisión.

Competencia y marco normativo

El Consejo de Estado declaró su competencia para conocer de este recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, y en concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia fue reafirmada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-030 de 2023, que estableció la exequibilidad condicionada del artículo 54 de la Ley 2094, garantizando así la intervención judicial obligatoria en sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular.

El recurso extraordinario de revisión

Este recurso fue creado para asegurar que las sanciones disciplinarias que afectan los derechos políticos de servidores públicos electos sean adoptadas por un juez. La normativa establece que la imposición de sanciones como suspensión debe ser revisada de manera automática e inmediata por la jurisdicción contencioso administrativa, garantizando el derecho de defensa y todas las garantías procesales al disciplinado durante un término de 30 días después de la notificación de la decisión disciplinaria.

Decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado avocó conocimiento automático e integral del recurso extraordinario de revisión relacionado con la sanción de suspensión impuesta al alcalde de Cerinza. Se notificó al sancionado y a la Procuraduría General de la Nación para que, en un plazo de cinco días, puedan intervenir en el proceso. Asimismo, se comunicó la providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si lo considera pertinente, participe en el proceso. Esta decisión reafirma la obligación de que las sanciones disciplinarias que afectan a servidores públicos de elección popular sean revisadas judicialmente antes de ser ejecutadas, garantizando así el respeto a los derechos políticos y el debido proceso. De esta manera, se fortalece el marco institucional que protege la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública, asegurando que ninguna sanción pueda afectar injustamente a quienes han sido elegidos por voto popular.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Consejo de Estado avoca conocimiento de recurso extraordinario de revisión contra sanción disciplinaria a alcalde de Cerinza

Antecedentes del caso

Competencia y marco normativo

Más noticias sobre Derecho Administrativo