El Consejo de Estado, en su sala especial de decisión de pérdida de investidura, admitió la demanda presentada contra el representante a la Cámara por el departamento de Vaupés para el periodo 2022-2026. La solicitud se fundamenta en la presunta violación del artículo 180.4 de la Constitución Política, que prohíbe a congresistas contratar con personas o entidades que a su vez tengan contratos con el Estado. La demanda señala que el representante celebró contratos de arrendamiento y explotación de aeronaves con una sociedad que tiene múltiples contratos con entidades públicas, configurando así una posible incompatibilidad.

Competencia y fundamentos legales

La sala especial es competente para conocer y decidir sobre esta solicitud, conforme al artículo 237.5 de la Constitución Política y la Ley 1881 de 2018. Esta última ley asigna a las salas especiales la función de conocer en primera instancia las demandas de pérdida de investidura y establece los requisitos para su admisión.

Requisitos para la admisión y trámite

La demanda fue presentada dentro del término legal de cinco años contados desde la ocurrencia del hecho generador, en este caso, contratos suscritos en 2024. Además, cumple con los requisitos formales establecidos en la ley, incluyendo la identificación del solicitante, la acreditación de la condición de congresista del demandado y la causal invocada. Por lo anterior, el Consejo de Estado ordenó notificar personalmente al representante a la Cámara para que se pronuncie en un término de cinco días hábiles y también notificó al agente del Ministerio Público para su intervención en el proceso. Este auto interlocutorio marca el inicio formal del procedimiento para evaluar si procede la pérdida...