El Consejo de Estado, a través de su sección cuarta, admitió la demanda de nulidad interpuesta contra las resoluciones 1729 de mayo de 2023, 2615 de junio de 2024 y 3856 de agosto de 2024, todas expedidas por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Estas resoluciones regulan el cobro y la distribución de la contribución nacional de valorización del sector transporte para el proyecto de infraestructura vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad.

Motivos y procedimiento

La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se solicitó la nulidad de los actos administrativos por presuntas irregularidades en la aplicación y modificación de la contribución mencionada. El despacho judicial verificó el cumplimiento de los requisitos legales para admitir la demanda y ordenó la acumulación de este proceso con otro radicado en la misma sección que también versa sobre la nulidad de dos de las resoluciones mencionadas. La acumulación se fundamentó en que los procesos están en la misma etapa, deben tramitarse por el mismo procedimiento y la competencia corresponde a la sección cuarta del Consejo de Estado, especializada en asuntos relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales.

Próximos pasos y notificaciones

La parte demandada, representada por el Instituto Nacional de Vías, fue notificada para que en un plazo de treinta días pueda contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas. Además, se le requiere enviar los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos cuestionados. La decisión de acumular los procesos busca optimizar la tramitación y evitar duplicidad en la revisión de las resoluciones. Ambas demandas serán decididas conjuntamente en una misma sentencia.

Impacto

Estas resoluciones afectan a los contribuyentes sujetos al cobro de la contribución nacional de valorización para el proyecto vial Cartagena – Barranquilla. La admisión de la demanda implica que el Consejo de Estado analizará la legalidad de los actos administrativos, lo que podría tener repercusiones en la aplicación de la contribución y en la ejecución del proyecto. Se mantiene abierta la expectativa sobre el resultado final del proceso, que podría confirmar, modificar o anular las resoluciones impugnadas, según la valoración jurídica que realice el Consejo de Estado. En cualquier caso, esta decisión representa un paso importante en el control judicial de las contribuciones nacionales y su impacto en proyectos de infraestructura vial estratégicos para el país.