La sentencia de segunda instancia analiza la legalidad de una liquidación oficial de revisión emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que modificó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2015 de una compañía dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos. El conflicto se centró en la procedencia del rechazo de gastos por actividades de geología, geofísica, sísmica y otros relacionados con la exploración petrolera, así como en la imposición de sanciones por inexactitud y disminución de pérdidas fiscales.

Tratamiento de los costos en etapa de exploración

La Sala recordó que, conforme a lo establecido en los artículos 142, 143 y 159 del Estatuto Tributario y el Decreto 2649 de 1993, las inversiones realizadas durante la etapa exploratoria de hidrocarburos deben registrarse como activos diferidos y amortizarse gradualmente, independientemente del éxito o fracaso de las actividades. Esto implica que no es procedente deducir de forma inmediata la totalidad de estos costos, salvo que se haya acreditado la terminación o infructuosidad del proyecto. Además, la Sala confirmó que la carga probatoria corresponde al contribuyente para demostrar la deducibilidad de las expensas conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario, especialmente en relación con gastos operacionales de administración, marketing y publicidad.

Rechazo de gastos y costos cuestionados

Se confirmó el rechazo de ciertos gastos por no cumplir con los requisitos de causalidad y necesidad para la deducción tributaria, particularmente los patrocinios a eventos culturales y de la industria petrolera que no fueron debidamente justificados. Asimismo, se rechazó un costo fiscal relacionado con la ganancia ocasional derivada de la enajenación de derechos contractuales, debido a inconsistencias en la documentación aportada y en la identificación de los titulares reales del contrato.

Aplicación de sanciones y principio non bis in idem

Respecto a la imposición de sanciones, el Consejo de Estado aclaró que las sanciones previstas en los artículos 647 y 647-1 del Estatuto Tributario, aunque relacionadas con inexactitudes en la declaración tributaria, no constituyen sanciones autónomas sino modalidades diferenciadas de la sanción por inexactitud. Por tanto, su aplicación concurrente no vulnera el principio non bis in idem. Asimismo, la Sala reconoció la existencia de una causal exculpatoria por diferencia de criterios en la interpretación de las normas tributarias, aplicable en este caso a las erogaciones incurridas durante la etapa exploratoria. En consecuencia, se modificó la sanción por inexactitud impuesta inicialmente, levantando la relacionada con los costos y gastos de exploración, pero manteniendo las sanciones por los gastos operacionales no justificados y por el costo fiscal improcedente.

Conclusión y efectos

La decisión establece que las erogaciones en etapa exploratoria deben contabilizarse como activos diferidos sujetos a amortización según la normativa tributaria vigente para la época. También confirma que la carga de la prueba sobre la deducibilidad recae en el contribuyente y que las sanciones por inexactitud deben aplicarse con respeto al principio de legalidad y a las causales exculpatorias en caso de interpretación razonable divergente. Finalmente, la Sala modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando la nulidad parcial de la liquidación oficial en cuanto a la sanción por inexactitud y fijando un nuevo valor a pagar por sanciones, sin condena en costas para esta instancia. Esta providencia representa un precedente relevante para la industria petrolera y para la interpretación de las normas tributarias en materia de costos y sanciones, aportando claridad y seguridad jurídica sobre el tratamiento fiscal de las inversiones en exploración. Con esta decisión, se busca garantizar un equilibrio entre el respeto a las normas tributarias y la flexibilidad necesaria para el desarrollo de actividades económicas complejas como la exploración petrolera, contribuyendo así a un entorno más justo y previsible para los contribuyentes y las autoridades fiscales.