Antecedentes del caso

Un ciudadano promovió acción de cumplimiento contra la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y varios Consejos Seccionales, con el fin de que se ordenara la convocatoria a concursos de méritos para proveer la totalidad de las vacantes definitivas existentes en la Rama Judicial. Argumentó que, conforme a diversas disposiciones constitucionales y legales, el Consejo Superior de la Judicatura tiene el deber de convocar estos concursos de manera periódica para evitar que cargos sean ocupados en provisionalidad. El accionante señaló que, aunque se encontraba en curso un concurso para selección de jueces, este no abarcaba a todos los servidores públicos de la Rama Judicial y que las vacantes seguirían siendo ocupadas provisionalmente. Además, denunció que no se habían presupuestado adecuadamente los recursos para adelantar los concursos de méritos.

Posturas de las autoridades demandadas

Las entidades accionadas coincidieron en que la competencia exclusiva para convocar concursos de méritos corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, y que los Consejos Seccionales cumplen funciones relacionadas con la constitución de listas de candidatos y la sujeción a directrices de la entidad central. Se informó además que el Consejo Superior de la Judicatura estaba adelantando la convocatoria número 27 para selección de jueces y otros funcionarios, y se encuentran en planeación concursos para cargos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Respecto a la disponibilidad de recursos, las autoridades manifestaron que la convocatoria a concursos implica gasto público que debe estar previamente presupuestado y aprobado. Explicaron que para la vigencia de 2024 se tenían previstas convocatorias, pero trámites ante la Unidad Nacional...