Antecedentes del caso y actos administrativos

La contribuyente presentó la declaración de impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2013. Posteriormente, la DIAN profirió una liquidación oficial de revisión que desconoció costos de venta relacionados con un proveedor declarado como ficticio, lo que aumentó el impuesto a cargo y generó una sanción por inexactitud del 160%, junto con una sanción para el contador público. El acto administrativo fue confirmado en recurso de reconsideración, lo que motivó la presentación de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Cuestionamientos y decisiones en primera instancia

La contribuyente alegó, entre otros aspectos, la incompetencia del funcionario que expidió el requerimiento especial, el uso de pruebas no trasladadas para controvertir y la improcedencia del desconocimiento de costos basado en la declaratoria de proveedor ficticio. También cuestionó que la publicación de la resolución sanción no se realizó en un diario de amplia circulación nacional, afectando su derecho a la igualdad y al debido proceso. El Tribunal Administrativo negó las pretensiones y condenó en costas a la demandante, confirmando la competencia del funcionario y la validez de la liquidación oficial, así como la circulación nacional del diario donde se publicó la sanción.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

El Consejo evaluó tres puntos clave: la competencia del funcionario ad hoc que expidió el requerimiento especial, la motivación de la liquidación oficial y la procedencia del desconocimiento de costos basado en la resolución sanción de proveedor ficticio. Se determinó que el funcionario tenía competencia para actuar, ya que no se acreditó impedimento o recusación válida según la normativa...