Antecedentes del proceso

En un proceso judicial iniciado por la Personería Municipal de Ibagué, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al mínimo vital, a la salud y salubridad pública de la población reclusa en COIBA. En consecuencia, el Consejo de Estado decretó la realización de un dictamen pericial para verificar si las condiciones de acueducto y alcantarillado en el complejo penitenciario son óptimas y si el suministro de agua es constante.

Gestiones para la realización del dictamen

Varias entidades públicas y privadas fueron convocadas para adelantar la prueba pericial, pero inicialmente ninguna respondió positivamente. Posteriormente, se solicitó la intervención de la Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales (ACODAL), que presentó una propuesta para llevar a cabo el dictamen. El Consejo de Estado fijó un costo de 35.700.000 pesos para la prueba pericial y pidió al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos estudiar la financiación de este gasto. Sin embargo, el Fondo solicitó documentos adicionales, como factura y certificación bancaria, para proceder con el pago, lo que ha generado retrasos.

Órdenes del Consejo de Estado

Ante esta situación, el Consejo de Estado ordenó al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y a la Personería Municipal de Ibagué allegar en un plazo de cinco días los documentos requeridos por ACODAL para facilitar la facturación y coordinación del dictamen. Una vez se confirme el pago, ACODAL tendrá un término improrrogable de 30 días para remitir el dictamen pericial al proceso judicial.

Impacto y relevancia

Este dictamen es fundamental para definir si las condiciones...