Antecedentes del caso

La demanda buscaba el reconocimiento en Colombia de una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia en España, que otorgaba la patria potestad a uno de los progenitores sobre una menor y establecía disposiciones relacionadas con el régimen de visitas y cuotas alimentarias. La parte solicitante pidió la homologación de esta providencia alegando que no había procesos en curso en Colombia sobre el mismo asunto y que la sentencia estaba ejecutoriada conforme a la ley del país de origen.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que ninguna sentencia extranjera puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia sin la autorización del órgano judicial competente, en este caso la Corte Suprema. Para que una sentencia extranjera surta efectos vinculantes en Colombia, debe cumplir con los requisitos del Código General del Proceso, incluyendo que la sentencia esté ejecutoriada según la ley del país de origen y que se presente en copia debidamente legalizada. En particular, para sentencias provenientes de España, se requiere un certificado expedido por la autoridad competente del país de origen que acredite su ejecutoria, conforme al convenio bilateral entre Colombia y España. En este caso, no se allegó dicho certificado, por lo que la copia apostillada de la sentencia no fue suficiente para acreditar su firmeza. Además, se evidenciaron incumplimientos en requisitos formales fundamentales, tales como la falta de evidencia sobre la reciprocidad diplomática o legislativa, la ausencia de citación al otro progenitor involucrado en el proceso original y la falta de presentación del registro civil de nacimiento de la menor. También se señaló que la demanda no formuló pretensiones ajustadas...