Antecedentes y hechos relevantes

El caso se originó tras la denuncia presentada por representantes de un establecimiento comercial ubicado en Bogotá, quienes manifestaron que dos patrulleros solicitaron documentos de operación del local y exigieron un pago indebido para no sellar el negocio. Los policías recibieron una suma de dinero inferior a la inicialmente solicitada y fueron posteriormente imputados por los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con concusión. Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó como prueba principal dos videos de cámaras de seguridad del establecimiento, que mostraban la actuación de los patrulleros en el lugar. La defensa cuestionó la autenticidad y cadena de custodia de estos registros, argumentando irregularidades en su obtención y presentación en juicio.

Demandas y cargos de la defensa

La defensa formuló dos cargos principales en la demanda de casación: una presunta violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de legalidad, relacionada con la supuesta irregularidad en la producción y valoración de los videos como prueba; y una alegada violación indirecta de la ley por error de hecho derivado de un falso juicio de identidad, basada en la supuesta omisión y cercenamiento de testimonios que podrían generar duda sobre la responsabilidad de los acusados.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte recordó que la cadena de custodia no afecta la legalidad de la prueba sino su valor probatorio, y que cualquier irregularidad en esta cadena puede disminuir la credibilidad pero no implica la exclusión automática de la evidencia. Se destacó que la fiscalía presentó testigos para autenticar los videos y que la valoración de la prueba corresponde a...