Contexto y antecedentes del caso

La demanda de revisión fue presentada contra una sentencia del Tribunal Superior que confirmó una condena por peculado por apropiación agravado. El caso se originó en reclamaciones administrativas indebidas que afectaron el erario público por una suma superior a los 230 millones de pesos. El hecho ilícito se materializó mediante un acta de conciliación suscrita ante autoridades laborales, que permitió el pago indebido de indemnizaciones a extrabajadores portuarios. La Fiscalía abrió investigación y calificó la acusación contra los abogados involucrados como presuntos determinadores del delito, proceso que culminó con sentencias condenatorias que incluyeron penas de prisión, multa e inhabilitación profesional.

Fundamentos de la demanda de revisión

La parte demandante alegó que la acción penal estaba prescrita al momento en que la resolución de acusación cobró ejecutoria, ya que los hechos ocurrieron bajo el Decreto 100 de 1980, que establecía penas menores para el delito de peculado por apropiación. Asimismo, argumentó que la pena aplicada era desproporcionada en relación con el monto recibido por concepto de honorarios y denunció violación al derecho a ser juzgada en un plazo razonable, afectando su patrimonio.

Consideraciones de la Corte

La Sala verificó que la demanda cumplió con los requisitos formales generales, pero encontró que no se acreditó la legitimación en la causa, dado que la demandante, aunque abogada, no demostró estar habilitada para ejercer la profesión actualmente, requisito indispensable para la presentación de la acción de revisión. En cuanto al argumento de prescripción, la Corte recordó que la prescripción de la acción penal se calcula con base en la pena máxima asignada al delito con sus...