Antecedentes del caso

El caso se originó tras una condena por acceso carnal violento agravado contra un procesado, luego de un hecho ocurrido en la ciudad de Cali en 2013. La víctima, menor de edad, fue agredida por varios individuos, entre ellos el condenado, con violencia y amenazas. El juzgado de primera instancia impuso una pena de 17 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior revocó la condena y absolvió al acusado, decisión que fue posteriormente casada por la Sala de Casación Penal, dejando en firme la condena inicial.

Procedimiento y recurso de reposición

El proceso de revisión fue inadmitido por no aportarse la constancia de ejecutoria de la sentencia objeto de revisión y porque las pruebas presentadas no cumplían con los requisitos de novedad y relevancia exigidos por la ley para admitir la revisión. Además, se consideró que las nuevas pruebas propuestas no aportaban elementos desconocidos ni demostraban la falsedad de pruebas anteriores. En el recurso de reposición, el apoderado del condenado cuestionó la valoración de la prueba, la no admisión de ciertos testimonios y evidencias, y alegó que la condena se basó en dudas razonables. También presentó una declaración extrajuicio que supuestamente demostraría que el condenado se encontraba en otro lugar al momento de los hechos.

Decisión de la Sala de Casación Penal

La Sala concluyó que el recurso de reposición no demostró errores en la inadmisión inicial de la demanda. Se recalcó que el recurso no debe usarse para reabrir debates probatorios ni para cuestionar la valoración de...