Antecedentes y contexto del caso

La acción de tutela fue interpuesta por una ciudadana que buscaba el reconocimiento de la sustitución pensional tras el fallecimiento de su compañero permanente. Inicialmente, el proceso ordinario laboral fue conocido por un juzgado laboral de circuito y posteriormente por la sala laboral del tribunal superior del distrito judicial. Ambas instancias negaron la solicitud de pensión, decisión que no fue apelada oportunamente. La accionante alegó vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, salud, vida y mínimo vital, argumentando su precaria condición de salud y económica tras la negativa de la pensión.

Trámite y decisión inicial de tutela

La acción de tutela fue admitida inicialmente por la sala laboral del tribunal superior, aunque se detectaron irregularidades en la representación judicial. Sin embargo, el juzgado constitucional de primera instancia declaró la improcedencia de la tutela por incumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, señalando que la acción constitucional se presentó más de 14 años después de la sentencia laboral definitiva y sin agotar recursos ordinarios como la casación. El juzgado también recordó que las reclamaciones laborales o pensionales deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria laboral y no a través de la vía de tutela.

Nulidad por reglas de reparto y decisión de la Corte Suprema

En el trámite de impugnación, la Corte Suprema de Justicia advirtió que el tribunal superior que conoció inicialmente la acción de tutela no era la autoridad competente para ello, debido a que estaba involucrado en la controversia. Según el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela contra...