Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida por las demandantes contra la Sala Civil del Tribunal Superior, vinculando al Juzgado Civil del Circuito y demás intervinientes en el juicio de pertenencia. Las accionantes reclamaban la protección del derecho fundamental al debido proceso, argumentando que la Sala Civil incurrió en defectos procedimentales, fácticos y sustantivos, así como violaciones a la Constitución. El conflicto se originó en un juicio verbal de pertenencia sobre un inmueble urbano, en el que el Juzgado de primera instancia accedió a las pretensiones de las demandantes. Sin embargo, la Sala Civil revocó dicha sentencia, negando la acción presentada.

Razones de la Sala Civil y argumentos de las demandantes

Las demandantes cuestionaron la valoración probatoria, señalando que la Sala Civil mezcló argumentos de apelaciones y que se exigieron requisitos adicionales para la usucapión, como denunciar penalmente la simulación de compraventa. Además, alegaron que no se valoraron adecuadamente los testimonios y pagos de impuestos que evidenciarían la posesión del bien. Por su parte, la Sala Civil fundamentó su decisión en la insuficiencia de pruebas para demostrar la posesión material y la calidad jurídica alegada por las demandantes, destacando la prevalencia del título de compraventa inscrito a nombre de los demandados y la ausencia de pruebas que invalidaran dicho contrato.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte Suprema recordó que, en principio, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales para preservar la autonomía e independencia judicial. No obstante, puede admitirse si se configuran defectos específicos que violen derechos fundamentales o la Constitución. Tras analizar el caso, la Corte concluyó que la Sala Civil actuó dentro del marco legal y constitucional, realizando una valoración adecuada y respetable de las pruebas. No encontró defectos procedimentales o violaciones constitucionales que justificaran modificar la decisión impugnada. Asimismo, la Corte aclaró que la valoración de testimonios y documentos fue razonable y que la decisión no carece de fundamento objetivo, sino que representa una diferencia de criterio judicial, aspecto que no es causal para la procedencia del amparo. Respecto a la perspectiva de género alegada por las demandantes, la Corte indicó que juzgar con perspectiva de género implica superar estereotipos para garantizar justicia, pero sin distorsionar la realidad ni favorecer injustificadamente a alguna parte. En este caso, no se evidenció trato discriminatorio ni falta de motivación en la decisión.

Conclusión

En definitiva, la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela, reafirmando la autonomía judicial y la correcta valoración probatoria en procesos civiles de pertenencia. Se subraya la importancia de agotar las vías ordinarias y respetar los principios procesales para la protección de derechos fundamentales. La decisión será comunicada a las partes y, de no ser impugnada, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, garantizando así el debido proceso y la seguridad jurídica en materia de juicios de pertenencia.

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La Corte Suprema niega acción de tutela por presunta vulneración del debido proceso en juicio de pertenencia

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