Antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por una trabajadora que buscaba la protección de sus derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y principio de legalidad. El proceso judicial original se centró en la existencia y terminación de un contrato de trabajo a término indefinido con una fundación, el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad, y presunto acoso laboral. La sentencia de primera instancia declaró la existencia del contrato y ordenó el reintegro de la trabajadora, así como el pago de salarios, prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

Decisión de segunda instancia y tutela

La Sala Laboral del Tribunal Superior revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando que el contrato terminó con justa causa y modificando las condenas económicas. En respuesta, la trabajadora interpuso acción de tutela alegando violación de derechos fundamentales, especialmente por no haberse respetado el debido proceso y por ser madre cabeza de familia víctima de acoso por embarazo.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala de Casación Laboral analizó si la acción de tutela cumplía con los requisitos legales para proceder contra decisiones judiciales. Se concluyó que: - La accionante tenía legitimación activa y la autoridad judicial legitimación pasiva. - El asunto tenía relevancia constitucional y se cumplía con la inmediatez requerida. - Sin embargo, no se cumplió con la subsidiariedad, pues existía un recurso judicial ordinario (recurso de casación) que no fue utilizado. Este incumplimiento impidió que la acción de tutela fuera procedente, ya que la tutela es un mecanismo subsidiario y residual, diseñado para proteger derechos fundamentales...