Antecedentes del caso

El proceso se originó con una acción de tutela presentada para proteger derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, seguridad social y favorabilidad, alegando vulneración por parte de la autoridad judicial. El actor promovió inicialmente un proceso ordinario laboral contra una administradora de fondos de pensiones para obtener el reajuste de su mesada pensional conforme a la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) a partir del 1 de enero de 2018 y para periodos futuros. El juzgado de primera instancia accedió a la pretensión y condenó a la administradora a pagar el reajuste correspondiente y los intereses de mora sin afectar el capital de la cuenta individual de ahorro. Posteriormente, se libró mandamiento de pago por los reajustes causados hasta marzo de 2022, pero se negó el mandamiento relativo a mesadas futuras posteriores a esa fecha, por cuanto la sentencia no se pronunció sobre esos periodos. Frente a esta negativa, se interpuso tutela que fue declarada improcedente por el juzgado y confirmada por la sala laboral del tribunal superior. Luego, el actor promovió un nuevo proceso ordinario laboral para reclamar el reajuste de mesadas futuras a partir de marzo de 2022, pero la excepción previa de cosa juzgada planteada por la administradora fue declarada procedente en primera instancia y confirmada en apelación.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Laboral analizó el recurso de tutela y determinó que se cumplían los requisitos de procedibilidad, pero que la solicitud no prosperaba. El tribunal evaluó la excepción previa de cosa juzgada y concluyó...