En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Laboral, resolvió negar el amparo constitucional solicitado en una acción de tutela relacionada con el reconocimiento del pago de una pensión de sobrevivientes. La tutela fue presentada contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, luego de que este tribunal revocara una sentencia de primera instancia que había concedido la pensión.

Antecedentes del caso

El proceso laboral ordinario había sido promovido para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes desde una fecha específica, debido al fallecimiento del causante. En primera instancia, el juzgado accedió a la petición, pero el Tribunal Superior revocó esta decisión al considerar que no se cumplió el requisito legal de convivencia continua de dos años inmediatamente anteriores a la muerte, estipulado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. El tribunal revocador fundamentó su decisión en la falta de pruebas contundentes que acreditaran el período de convivencia, especialmente en los últimos años de vida del causante. Además, se resaltó que la pensión ya había sido reconocida a favor de otra persona en calidad de compañera permanente, lo que dificultó la carga probatoria del demandante.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte recordó que la acción de tutela es un mecanismo de carácter subsidiario y excepcional, procedente solo cuando se han agotado todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. En este caso, la parte accionante no interpuso el recurso extraordinario de casación previsto en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, recurso que era idóneo para discutir la valoración probatoria y las inconformidades con la sentencia. El incumplimiento de este requisito procesal resultó determinante para la improcedencia de la tutela, ya que este mecanismo no debe ser utilizado como una instancia adicional de revisión ni para revivir oportunidades procesales pretermitidas. Además, la tutela fue presentada con más de seis meses de retraso desde la notificación de la sentencia recurrida, superando el plazo razonable establecido por la jurisprudencia para presentar este tipo de acciones.

Decisión final

Por estas razones, la Corte Suprema negó el amparo solicitado y dispuso la notificación de la decisión a las partes, además de remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión si la decisión no fuera impugnada. Esta resolución reafirma la importancia de respetar los mecanismos procesales establecidos para impugnar decisiones judiciales y limita el uso de la acción de tutela como vía para revisar fallos ya decididos en sede ordinaria, garantizando así la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema judicial.