Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida por una institución educativa que busca proteger su derecho fundamental al debido proceso frente a decisiones adoptadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior y la Jueza Primera Laboral del Circuito. El caso se originó en un proceso ordinario laboral que involucra la terminación de la relación laboral de un docente diagnosticado con una enfermedad grave y declarado en condición de discapacidad. La jueza de primera instancia reconoció la existencia de varios contratos a término fijo y estableció que la terminación de la relación laboral fue un acto de discriminación por condición de salud. Ordenó el restablecimiento del contrato y el pago de salarios y prestaciones sociales para los años 2021 a 2024. La Sala Laboral del Tribunal Superior modificó la decisión, ordenando que el reintegro y los pagos se mantuvieran hasta que el trabajador accediera a la pensión de invalidez.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que la acción de tutela contra decisiones judiciales es procedente solo si se cumplen requisitos generales como la relevancia constitucional, legitimación, agotamiento de medios ordinarios y extraordinarios, y la inmediatez. Además, debe demostrarse un defecto específico en la decisión impugnada, como error procedimental o vulneración directa de la Constitución. En este caso, la Corte encontró que la Sala Laboral del Tribunal Superior incurrió en un defecto fáctico y procedimental al no pronunciarse sobre el recurso extraordinario de casación interpuesto por la institución educativa, lo que configuró una vulneración al derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Decisión y órdenes

En consecuencia, la Corte Suprema de...