Antecedentes y contexto del caso

La acción de tutela fue interpuesta en protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la petición, presuntamente vulnerados por la sala penal del tribunal superior, el centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, y un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad. El solicitante pidió el ocultamiento del proceso penal que se adelantó en su contra, argumentando que la pena fue cumplida y solicitando además la expedición de paz y salvos para facilitar su libre movilidad.

Respuesta de las autoridades y trámite

El centro de servicios judiciales confirmó la existencia del registro archivado desde 2009 y explicó que la solicitud de ocultamiento requiere orden judicial para proceder. El juzgado en cuestión informó que la pena fue declarada cumplida y el proceso archivado definitivamente en 2009. Respecto a la solicitud del 21 de marzo de 2025, el juzgado expidió un auto el 19 de mayo de 2025 ordenando la anonimización del registro en la base de datos pública y notificó al solicitante.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que el sistema de consulta pública de la rama judicial no tiene por finalidad consolidar antecedentes penales, sino ofrecer información sobre las actuaciones procesales con fines administrativos y judiciales. Se precisó que la existencia de información en la base de datos no vulnera derechos fundamentales, pues no equivale a un reporte negativo o antecedentes penales oficiales. Además, se estableció que el derecho al olvido tiene límites y no implica la eliminación total de los registros judiciales, dado que la memoria...