Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó con la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales por parte de una docente adscrita a la planta del Departamento del Putumayo. La resolución administrativa que reconocía las cesantías se expidió y notificó fuera del plazo legal establecido, lo que generó un retraso en el pago efectivo de las mismas. Ante la falta de respuesta y negativa por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la fiduciaria encargada, la docente acudió a la vía judicial para reclamar el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.

Fundamentos jurídicos y análisis de la sala

La sala recordó que la Ley 1071 de 2006 establece que la entidad empleadora o responsable debe expedir la resolución de reconocimiento de cesantías dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, y que el pago debe realizarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la ejecutoria del acto administrativo. En caso de mora, la entidad debe pagar una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso. Además, la Ley 1955 de 2019 determinó que las secretarías de educación certificadas son responsables de los retrasos atribuibles a su gestión, mientras que el FOMAG es responsable del pago en sí, sin que puedan cargarse indemnizaciones económicas con recursos del fondo. En el caso concreto, se evidenció que el Departamento del Putumayo incumplió los plazos para expedir, notificar y remitir el acto administrativo para pago, generando una mora total de 39 días calendario. La fiduciaria realizó el pago dentro del término legal una vez recibido el acto administrativo. La sala también aclaró que el cómputo de la sanción moratoria debe hacerse en días calendario y no hábiles, dado que es una penalidad y no un plazo procesal.

Decisión y consecuencias

La sala modificó la sentencia apelada para establecer que el Departamento del Putumayo es responsable del pago de la sanción moratoria por 39 días de mora, calculada con base en la asignación básica devengada por la docente en 2020. Se confirmó la condena en costas a la entidad territorial, ya que el recurso de apelación presentado no prosperó en este aspecto. Finalmente, se ordenó devolver el expediente al juzgado de origen una vez la decisión quede en firme. Esta sentencia reafirma la obligación de las entidades territoriales de cumplir estrictamente con los plazos legales para el reconocimiento y pago de cesantías en el sector docente, bajo apercibimiento de sanciones económicas por mora. Asimismo, clarifica la responsabilidad diferenciada entre la entidad territorial y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en este tipo de procesos, fortaleciendo la protección de los derechos laborales de los docentes y asegurando la agilidad en los trámites administrativos relacionados.

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Tribunal Administrativo del Putumayo confirma sanción moratoria por pago tardío de cesantías en docentes

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