Antecedentes y contexto del caso

El proceso se originó a partir de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por un docente oficial contra el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, el Departamento del Putumayo y la Fiduciaria La Previsora. La petición inicial solicitaba el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria establecida por la ley debido al retraso en el pago de cesantías parciales para mejoramiento de vivienda, reconocidas en agosto de 2020 mediante resolución administrativa. El pago, programado inicialmente para noviembre de 2020, fue finalmente realizado en marzo de 2021. Ante la falta de respuesta oportuna de las entidades, el docente solicitó la sanción moratoria conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, la cual no fue reconocida en tiempo. El juzgado de primera instancia declaró configurado el silencio administrativo negativo y condenó al FOMAG a pagar la sanción por los días de mora entre octubre y noviembre de 2020.

Análisis jurídico y decisión del tribunal

En segunda instancia, la Sala revisó la responsabilidad sobre el pago de la sanción moratoria a la luz de la Ley 1955 de 2019, que modificó la asignación de recursos para el pago de estas indemnizaciones, involucrando también a las entidades territoriales. Según el tribunal, para solicitudes presentadas después del 25 de mayo de 2019 es necesario identificar cuál entidad causó la mora. El análisis detallado de los plazos reveló que la Secretaría de Educación incumplió el término de 15 días hábiles para expedir y notificar la resolución de reconocimiento, demorando 25 días adicionales. Además, la remisión del acto administrativo a la fiduciaria para el pago se realizó con un día de retraso. La fiduciaria cumplió con el plazo establecido para efectuar el desembolso. Por tanto, el tribunal concluyó que la mora imputable corresponde al Departamento del Putumayo y no al FOMAG. En consecuencia, modificó la sentencia inicial para condenar a la Secretaría de Educación del Departamento al pago de la sanción moratoria por 26 días, calculada con base en el salario básico vigente en 2020.

Implicaciones y cumplimiento

La decisión reafirma la aplicación de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1272 de 2018, puntualizando que la entidad territorial es responsable cuando la mora se origina en la fase de reconocimiento y remisión del acto administrativo. Además, el tribunal aclaró que la Ley 1955 de 2019 no prohíbe el pago de sanciones moratorias, sino que establece la responsabilidad de las entidades según la etapa en que se produzca el retraso. No se condenaron costas en esta instancia, y se ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para el cumplimiento de la sentencia. Esta providencia sienta un precedente importante sobre la distribución de responsabilidades en el pago de prestaciones sociales a docentes oficiales en Colombia, contribuyendo así a garantizar el respeto de los derechos laborales y la eficiencia en la gestión pública educativa.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Tribunal Administrativo del Putumayo establece responsabilidad por sanción moratoria en pago de cesantías docentes

Antecedentes y contexto del caso

Más noticias sobre Derecho Administrativo