Antecedentes y contexto del caso

La acción de tutela fue presentada por una persona víctima del conflicto armado, quien solicitó protección de su derecho fundamental de petición ante la Agencia Nacional de Tierras. La petición incluía la gestión para la cancelación de anotaciones registrales relacionadas con un predio adjudicado, información sobre los procedimientos para transferir la propiedad y, en caso de no prosperar, detalles sobre beneficios o subsidios aplicables a su situación de vulnerabilidad. Además, se requirió información sobre una resolución relacionada con la administración de tierras en liquidación. El predio en cuestión había sido adjudicado mediante resolución del extinto Incoder, que otorgó un subsidio integral conforme a la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1250 de 2004. Sin embargo, existía una condición resolutoria contemplada en la Ley 812 de 2003, que ya se habría cumplido. Tras la extinción del Incoder, la Agencia Nacional de Tierras asumió las funciones administrativas sobre tierras rurales.

Respuesta insuficiente de la agencia y decisión judicial

La Agencia Nacional de Tierras respondió parcialmente a las solicitudes, señalando que no era posible cancelar ciertas anotaciones registrales porque el predio estaba bajo titularidad del Estado, debido a la renuncia al subsidio por parte de la solicitante. No obstante, no se brindó información clara sobre los procedimientos para la adjudicación ni sobre posibles ayudas o compensaciones. El juzgado de primera instancia encontró que la respuesta fue incompleta y ordenó a la entidad emitir una contestación clara y de fondo en un plazo de 48 horas. La Agencia Nacional de Tierras impugnó la decisión alegando que había superado la falta de respuesta, pero el Tribunal Administrativo confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que el derecho de petición no fue satisfecho adecuadamente.

Fundamentos jurídicos y alcance de la tutela

El tribunal recordó que el derecho de petición es fundamental y garantiza otros derechos como el acceso a la información y la participación política. La respuesta debe ser oportuna, clara, precisa, congruente y de fondo, sin que implique necesariamente la aceptación de lo solicitado. Se aclaró que la acción de tutela no está destinada a resolver conflictos de fondo sobre la titularidad del predio, sino a garantizar que la administración responda oportunamente y con claridad a las peticiones formuladas. Así, la Agencia Nacional de Tierras deberá complementar su respuesta con información accesible y comprensible, incluyendo si existen procedimientos que puedan beneficiar a la solicitante y los apoyos a los cuales tenga derecho como víctima del conflicto armado.

Conclusiones y pasos siguientes

El tribunal ordenó notificar la decisión a las partes y enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. También se instruyó remitir copia de la providencia al juzgado de origen y hacer las anotaciones correspondientes en la plataforma informática del tribunal. Este fallo reafirma la importancia del derecho de petición como herramienta para garantizar transparencia y comunicación efectiva entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente en casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad. La Agencia Nacional de Tierras deberá cumplir con la orden judicial para evitar futuras afectaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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Tribunal Administrativo del Putumayo confirma tutela sobre derecho de petición contra Agencia Nacional de Tierras

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