Antecedentes del caso

El docente demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora debido a la no consignación oportuna de cesantías correspondientes al año 2020, así como la indemnización por el pago tardío de intereses sobre dichas cesantías. La petición fue dirigida a la Secretaría de Educación del municipio afectado y posteriormente a los entes responsables: el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Las entidades demandadas se opusieron argumentando falta de legitimación y la imposibilidad fáctica de aplicar la sanción moratoria en el régimen especial del FOMAG, debido a que este funciona con una cuenta única nacional para la administración de cesantías y no con cuentas individuales.

Decisión de primera instancia y apelación

El juzgado de primera instancia negó las pretensiones del demandante, señalando que la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG. Se destacó que el régimen especial contempla condiciones distintas para la consignación de cesantías y que aceptar la demanda implicaría una doble sanción, violando el principio de non bis in ídem. El docente presentó recurso de apelación para revocar esta decisión, reiterando su derecho a la sanción moratoria y a la indemnización por intereses tardíos, alegando responsabilidad solidaria del municipio y del FOMAG.

Fundamentos jurídicos y unificación jurisprudencial

La Sala Segunda del Tribunal, basándose en una sentencia de unificación emitida por el Consejo de Estado, reafirmó que las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, incluidas sus sanciones por mora, no son aplicables a los docentes...