Antecedentes del caso

El Tribunal analizó el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de un empleado de la Rama Judicial. El demandante solicitó que se inaplique la frase “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” del Decreto 0382 de 2013 y decretos posteriores, y que se reconozca la bonificación judicial como factor salarial para el pago de todas las prestaciones sociales desde el 1° de enero de 2013. La entidad demandada, por su parte, sostuvo que la bonificación judicial es factor salarial únicamente para efectos de la base de cotización al sistema de pensiones y salud, y que no puede ser considerada para liquidar otras prestaciones sociales, argumentando que debe cumplirse estrictamente la norma vigente.

Decisión de primera instancia

El juzgado de primera instancia concluyó que la exclusión contenida en el Decreto 0382 de 2013 vulnera los derechos laborales consagrados en la Constitución y la Ley 4ª de 1992, al desmejorar las prestaciones sociales de los empleados judiciales. Se estableció que la bonificación judicial tiene naturaleza salarial, pues es un pago habitual que constituye contraprestación directa del servicio, y por lo tanto debe ser incluida en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

Fundamentos de la Sala de decisión

El Tribunal revisó el concepto legal de salario según el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia constitucional y administrativa, concluyendo que todo pago habitual recibido por un trabajador por su servicio constituye salario, independientemente de su denominación. Destacó que la Ley 4ª de 1992 y los decretos reglamentarios deben respetar los derechos adquiridos y garantizar condiciones laborales dignas para los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial. La exclusión de la bonificación judicial como factor salarial para prestaciones sociales contraviene los principios constitucionales de protección al trabajo y no regresividad de derechos económicos. El Tribunal rechazó el argumento de la entidad demandada sobre la imposibilidad presupuestal para reconocer las acreencias laborales, señalando que la administración debe cumplir con las sentencias judiciales pese a las dificultades financieras.

Impedimento de la magistrada y trámite procesal

Durante el trámite, una magistrada manifestó un impedimento para conocer el recurso por tener un interés indirecto en el resultado debido a una reclamación administrativa similar que adelanta. Dicho impedimento fue aceptado y la decisión fue tomada por los demás magistrados de la sala.

Conclusión y efectos

El Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia que ordena reconocer la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales devengadas por los empleados de la Rama Judicial desde 2013. No se impusieron costas en esta instancia. Esta decisión fortalece la protección de los derechos laborales de los servidores judiciales y establece un precedente relevante sobre la interpretación del concepto de salario en el sector público. De esta manera, se garantiza que los empleados judiciales reciban plenamente las prestaciones sociales a las que tienen derecho, promoviendo la justicia y equidad en el ámbito laboral público.

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Tribunal Administrativo de Córdoba confirma que bonificación judicial es factor salarial para prestaciones sociales

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