Antecedentes del caso

La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Hacienda Municipal y su Oficina de Recaudo, emitió la resolución por medio de la cual se estableció y liquidó el efecto de plusvalía para ciertos inmuebles localizados en zonas beneficiarias, conforme al acuerdo municipal vigente. Uno de los predios afectados fue objeto de un proceso administrativo que incluyó la notificación y la liquidación del tributo correspondiente. Sin embargo, los demandantes alegaron que no recibieron la notificación adecuada y cuestionaron la metodología empleada para determinar el valor de la plusvalía.

Pretensiones y argumentos de las partes

Los demandantes solicitaron la nulidad de las resoluciones que establecieron y confirmaron la liquidación del efecto de plusvalía, argumentando vulneraciones en el procedimiento de notificación, falta de un informe técnico adecuado, desconocimiento de los plazos legales para la liquidación y errores en el cálculo del tributo. Por su parte, la administración municipal sostuvo la presunción de legalidad de los actos administrativos y afirmó haber cumplido con los procedimientos establecidos, incluyendo la notificación por edictos y avisos públicos, garantizando el derecho de defensa de los contribuyentes.

Consideraciones jurídicas y fallo

El tribunal centró su análisis en la legitimación en la causa por activa de los demandantes, señalando que para solicitar la nulidad de actos administrativos particulares es necesario acreditar una relación directa con el bien afectado, como la propiedad del inmueble. Se constató que los demandantes no aportaron prueba suficiente que acreditara su condición de propietarios o sucesores legales del inmueble gravado. La resolución administrativa indicaba como propietario a una persona distinta y no constaban documentos que demostraran la transferencia...