El Tribunal Administrativo del Cesar resolvió un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones de una demanda por reparación directa interpuesta tras la muerte por electrocución de un campesino de la zona rural del corregimiento de Caracolicito, municipio de El Copey (Cesar), ocurrida el 9 de febrero de 2014.

Antecedentes y hechos probados

El municipio de El Copey celebró en 2007 un convenio interadministrativo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la construcción de una línea de conducción de acueducto y sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo redes y colectores en Caracolicito. Posteriormente, en 2009, adjudicó la ejecución de la obra a un consorcio que cedió el contrato a una empresa de ingeniería. La primera etapa culminó en 2012, pero la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) no pudo entrar en funcionamiento hasta la culminación de la segunda etapa, contratada a otra empresa y finalizada en 2015. Durante ese periodo, el municipio adquirió predios rurales donde se instaló parte del sistema eléctrico y los colectores. El día del incidente, el campesino subió a un árbol para cortar ramas para alimentar su ganado y entró en contacto con una línea de alta tensión, sufriendo una descarga eléctrica que le causó la muerte. La red eléctrica no estaba señalizada ni había sido socializada con la comunidad, y la planta aún no estaba en operación.

Análisis de responsabilidad

El tribunal aplicó el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, propio de actividades peligrosas como la conducción de energía eléctrica. Se constató la existencia del daño, la relación causal...