Contexto y alcance de la sentencia

La sala de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Cesar resolvió un recurso de apelación contra una sentencia previa que había accedido parcialmente a una demanda interpuesta por una funcionaria de la rama judicial. Esta demandante solicitó que la bonificación judicial establecida en el decreto 383 de 2013 fuera considerada como factor salarial para la liquidación y pago de sus prestaciones sociales, más allá de su actual aplicación limitada a la base de cotización al sistema general de pensiones y seguridad social en salud. El tribunal confirmó que la exclusión de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar otros beneficios laborales vulnera principios constitucionales como la progresividad y la primacía de la realidad sobre las formas. Además, se estableció que la administración judicial excedió sus facultades al restringir el carácter salarial de este emolumento, contraviniendo la ley 4ª de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Implicaciones para los servidores judiciales y efectos prácticos

La decisión afecta a todos los servidores de la rama judicial que perciben esta bonificación, ordenando que su valor se incluya en la base para calcular cesantías, primas de servicios, primas de navidad, primas de productividad y demás prestaciones sociales. El fallo ordena la reliquidación de las prestaciones sociales desde el 1° de abril de 2021, con la correspondiente indexación e intereses moratorios, y el pago de las diferencias causadas hasta la fecha. Además, se condenó a la administración judicial a continuar reconociendo dichos valores mientras subsistan las condiciones legales y el vínculo laboral. Se estableció que los pagos...