Antecedentes y objeto del contrato

En julio de 2015, el INCODER suscribió un contrato de prestación de servicios para la realización de levantamientos planimétricos en tierras rurales, con un plazo inicial de cinco meses y un valor de 37 millones de pesos. Posteriormente, el contrato fue cedido a un nuevo contratista con el consentimiento del INCODER. Los trabajos fueron entregados con correcciones y sujetos a revisión y aprobación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad encargada de validar los levantamientos realizados. Debido a demoras en la revisión por parte del IGAC y desorganización administrativa, el plazo se prorrogó hasta febrero de 2016. Sin embargo, la aprobación definitiva de los trabajos no se realizó en tiempo, y el contratista no recibió el pago ni la liquidación del contrato, a pesar de haber cumplido con la entrega de los levantamientos.

Demandas y defensa de las entidades

El contratista ejerció un medio de control de controversias contractuales solicitando la declaratoria de incumplimiento del contrato, la liquidación judicial del mismo y el pago de perjuicios materiales e intereses moratorios debido a la mora en los pagos por parte del INCODER. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural negaron legitimación en la causa, pues no eran sucesores procesales directos ni responsables de la ejecución del contrato. El Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) INCODER en liquidación, administrado por una sociedad fiduciaria, también rechazó responsabilidad alegando que no era sucesor procesal del INCODER y que el contrato no era liquidable conforme a sus características.

Decisiones judiciales y apelación

El Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar declaró el incumplimiento contractual...