Antecedentes del caso

Un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, que se desempeña como técnico investigador en la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI - Córdoba, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 como factor salarial para liquidar todas sus prestaciones sociales. Dicha bonificación, según el decreto, constituye factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La solicitud fue negada en primera instancia mediante actos administrativos y recursos de apelación.

Decisión de primera instancia

El juzgado administrativo transitorio de Montería consideró que la bonificación judicial tiene naturaleza salarial, pues fue creada para nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la rama judicial. Declaró inconstitucional la frase que limita la bonificación exclusivamente como factor para cotizaciones a pensiones y salud. Se ordenó a la Fiscalía General reconocer y pagar la bonificación judicial como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales causadas desde 2014 y a futuro.

Argumentos en el recurso de apelación

La entidad demandada argumentó que el Gobierno Nacional tiene la facultad legal para regular el régimen salarial y prestacional de sus servidores, incluyendo la posibilidad de restringir la consideración de ciertos pagos como factores salariales para prestaciones sociales. Además, sostuvo que la bonificación judicial fue creada bajo la premisa de sostenibilidad fiscal, con recursos específicos y que otorgar efectos salariales plenos podría desbordar el presupuesto asignado.

Análisis y consideraciones del tribunal

El tribunal recordó que el concepto de salario incluye todas las sumas que periódicamente recibe un trabajador como contraprestación...