El caso se originó a partir de una petición presentada el 26 de diciembre de 2024, en la que un ciudadano con registro de víctima de desplazamiento forzado y discapacidad psicosocial solicitó a la UARIV su inclusión en la ruta priorizada para el pago de la indemnización administrativa. La entidad respondió con un certificado de desplazado, pero sin pronunciarse de fondo sobre la priorización solicitada. La tutela inicial amparó los derechos fundamentales de petición, debido proceso e igualdad, y ordenó a la entidad responder de fondo en un plazo de 48 horas. La UARIV impugnó esta decisión, al ...