Antecedentes y contexto del caso

El Tribunal conoció el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra una sentencia del Juzgado Administrativo de Montería que accedió parcialmente a la demanda presentada por un empleado judicial. La controversia gira en torno al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y no únicamente para la base de cotización al sistema de pensiones y salud, como lo dispone el Decreto 382 de 2013. El empleado judicial, vinculado a la Fiscalía desde el año 2000, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como elemento salarial integral, argumentando que su exclusión afecta derechos laborales fundamentales y la remuneración mínima vital y móvil. La Fiscalía se opuso alegando que actuó conforme a la normativa vigente y que la bonificación está regulada legalmente para efectos específicos de cotización, sin que ello implique su reconocimiento para la liquidación de prestaciones sociales.

Fundamentos jurídicos y decisión del Tribunal

El Tribunal analizó el concepto de salario conforme al Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución y la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. Se destacó que el salario comprende toda remuneración habitual y directa por el servicio prestado, independientemente de su denominación. Aunque la Ley 4 de 1992 otorga al Gobierno Nacional la facultad de fijar el régimen salarial de empleados públicos, esta potestad no puede vulnerar derechos mínimos laborales ni principios constitucionales como la irrenunciabilidad del salario o la primacía de la realidad. La Sala concluyó que la bonificación judicial percibida mensualmente constituye salario y, por tanto, debe ser tenida en cuenta para la liquidación de todas las prestaciones sociales. La limitación establecida en el Decreto 382 de 2013, que restringe su carácter salarial solo para fines de cotización a la seguridad social, resulta contraria a principios constitucionales y laborales, como el principio de no regresividad en derechos económicos y sociales. Finalmente, el Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, ordenando reconocer la bonificación judicial como factor salarial integral y proceder a la reliquidación y pago de prestaciones sociales correspondientes, sin condena en costas.

Importancia y alcance de la sentencia

Esta decisión reafirma la protección de los derechos laborales de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y sienta un precedente sobre la interpretación del carácter salarial de las bonificaciones judiciales. Además, subraya que las restricciones legales en materia salarial deben respetar los mínimos fundamentales consagrados en la Constitución y la legislación laboral, garantizando la remuneración justa y los beneficios sociales de los empleados públicos. La sentencia también enfatiza la prevalencia del derecho sustancial sobre formalismos, fortaleciendo la seguridad jurídica y el principio de justicia social en el ámbito laboral estatal. Con esta resolución, se espera que otras instancias y entidades públicas revisen y ajusten sus prácticas de liquidación salarial para evitar vulneraciones a los derechos laborales de sus servidores, promoviendo un trato justo y equitativo en el sector público.

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Tribunal Administrativo de Córdoba confirma que bonificación judicial es factor salarial para prestaciones sociales

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