Contexto y antecedentes del caso

La demanda fue presentada por una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, quien solicitó que la bonificación judicial creada por el Decreto 382 de 2013 se reconozca como un factor salarial para todos los efectos legales, incluyendo la liquidación de prestaciones sociales y primas. La entidad demandada negó esta solicitud argumentando que la bonificación solo constituía factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tal como lo establece el decreto. La primera instancia, a cargo de un juzgado administrativo transitorio, declaró la inaplicabilidad de la frase en el decreto que limita el carácter salarial de la bonificación, ordenando su inclusión en la base para el pago de prestaciones sociales desde enero de 2013.

Argumentos y fundamentación jurídica

El tribunal en segunda instancia revisó el marco normativo aplicable, incluyendo la Ley 4 de 1992 que establece los criterios para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y la definición de salario según el Código Sustantivo del Trabajo. Se destacó que el salario comprende toda remuneración habitual y directa por el servicio prestado, incluyendo bonificaciones habituales. Se enfatizó que, aunque el decreto estableció la bonificación judicial como factor salarial solo para cotizaciones a pensiones y salud, esta práctica no puede restringir los derechos fundamentales de los trabajadores, como la irrenunciabilidad del salario y la primacía de la realidad sobre la forma, consagrados en la Constitución Política. Además, la jurisprudencia ha sostenido que los pagos habituales recibidos en contraprestación por el trabajo deben considerarse salario y, por ende, incluirse en la base para liquidar prestaciones sociales.

Decisión y alcance

El Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia, ordenando que la Fiscalía General de la Nación reconozca y reliquide las prestaciones sociales incluyendo la bonificación judicial como factor salarial desde el 28 de diciembre de 2014, debido a la prescripción aplicable, y mientras la funcionaria permanezca vinculada y devengue esta bonificación. No se impuso condena en costas en esta instancia, dado que la parte demandante no intervino en el recurso de apelación.

Implicaciones prácticas

Esta decisión sienta un precedente importante para los funcionarios públicos que perciben bonificación judicial en la Fiscalía General de la Nación, al reconocer que dicho pago es parte integral del salario para efectos de liquidar prestaciones sociales. Implica que las entidades públicas deben incluir esta bonificación en cálculos de primas, cesantías, indemnizaciones y demás beneficios laborales relacionados con el salario. De esta manera, se protege el derecho de los empleados públicos a no ver disminuidos sus ingresos y prestaciones sociales por interpretaciones restrictivas de la normativa salarial, alineándose con principios constitucionales y laborales vigentes. En conclusión, la resolución del Tribunal Administrativo de Córdoba reafirma la importancia de considerar todas las remuneraciones habituales como salario para garantizar el pleno goce de los derechos laborales y sociales de los funcionarios públicos, fortaleciendo la seguridad jurídica en materia laboral dentro del sector público.

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Tribunal Administrativo de Córdoba confirma que bonificación judicial es factor salarial para prestaciones sociales

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