Contexto y antecedentes del caso

El tribunal conoció el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia previa que accedió a la demanda presentada por un empleado de la Rama Judicial. En esencia, la demanda cuestionaba la exclusión de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, prevista en el decreto 0382 de 2013 y sus modificaciones, que la limita únicamente para efectos de la base de cotización al sistema general de pensiones y seguridad social en salud. El empleado judicial, con vinculación desde 1992 y desempeñándose actualmente como secretario del tribunal administrativo local, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como elemento salarial integral para efectos de liquidar diferencias salariales y prestaciones sociales causadas desde 2013. La reclamación administrativa fue negada, lo que motivó la acción judicial.

Argumentos y posición de la administración

La entidad demandada, en su defensa, señaló que la bonificación judicial fue creada expresamente para constituir factor salarial únicamente en la base de cotización al sistema de pensiones y salud, conforme a los decretos vigentes. Argumentó que esta regulación debe cumplirse estrictamente y que no existe facultad administrativa para modificar o inaplicar estas disposiciones sin una norma posterior que lo autorice. Asimismo, advirtió sobre limitaciones presupuestales para reconocer las diferencias salariales solicitadas.

Fundamentos jurídicos del tribunal

El tribunal analizó el concepto de salario conforme al Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia constitucional y administrativa. Destacó que el salario incluye toda remuneración habitual recibida en dinero o especie como contraprestación directa del servicio, sin que la denominación otorgada por el empleador sea determinante para excluir su carácter salarial. Se recordó que la Ley 4 de 1992 facultó al gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo la creación de la bonificación judicial, que debe respetar los derechos adquiridos y no desmejorar las condiciones laborales. El tribunal señaló que la exclusión de la bonificación para efectos de prestaciones sociales vulnera principios constitucionales como la irrenunciabilidad del salario y la primacía de la realidad sobre las formalidades. Se resaltó que, aunque el legislador tiene competencia para definir qué constituye salario, cualquier limitación que implique regresividad o disminución de derechos laborales mínimos puede ser cuestionada desde el marco constitucional y legal vigente.

Decisión y consecuencias

Confirmando la sentencia de primera instancia, el tribunal estableció que la bonificación judicial percibida habitualmente por el empleado judicial constituye salario para efectos de liquidar todas las prestaciones sociales y económicas. La decisión ordena reconocer, reliquidar y pagar las diferencias correspondientes, garantizando la protección efectiva de los derechos laborales de los servidores públicos de la Rama Judicial. Se aclaró que no se impuso condena en costas en esta instancia y se procedió a devolver el expediente al juzgado de origen para los efectos pertinentes. Esta sentencia reafirma la protección constitucional de los derechos laborales de los empleados públicos judiciales y establece un precedente relevante para la interpretación del régimen salarial y prestacional en la administración de justicia, fortaleciendo así la garantía de condiciones laborales justas y equitativas para este sector.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Tribunal administrativo de Córdoba confirma carácter salarial de la bonificación judicial para efectos de prestaciones sociales

Contexto y antecedentes del caso

Más noticias sobre Derecho Administrativo