Contexto del caso y antecedentes

El proceso se originó por la reclamación del pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, que establece un día de salario por cada día de retraso en el pago de cesantías. La controversia surgió tras el retraso en el reconocimiento y pago efectivo de cesantías solicitadas en mayo de 2021, con el acto administrativo expedido en agosto y el pago realizado en octubre del mismo año. El departamento demandado se opuso a la demanda, alegando que no hubo mora y que no estaba legitimado para responder económicamente.

Normativa y criterios jurídicos aplicados

El Tribunal recordó que la sanción moratoria inicia a contar desde la radicación de la solicitud de cesantías, otorgando un plazo total de 70 días hábiles para el reconocimiento y pago, distribuidos en: 15 días para expedir el acto administrativo, 10 días para la ejecutoria y 45 días para realizar el pago efectivo. Además, señaló que la Ley 1955 de 2019 atribuye responsabilidades diferenciadas entre la entidad territorial y la fiduciaria administradora de los recursos del FOMAG.

Decisión y análisis del tribunal

Se determinó que la fecha válida para la radicación de la solicitud correspondió al 19 de mayo de 2021, según pruebas aportadas, y no a una fecha posterior indicada por el Departamento de Córdoba. El conteo de los plazos legales evidenció un retraso de 42 días en el pago, lo que generó la mora. El tribunal concluyó que la responsabilidad del pago de la sanción moratoria recae en la entidad territorial, es decir, el Departamento de Córdoba, dado que la fiduciaria cumplió con los plazos una vez recibida la solicitud. Por esta razón, se confirmó la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones del demandante.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma la importancia del cumplimiento de los términos legales para el reconocimiento y pago de cesantías de los docentes vinculados al FOMAG. Asimismo, clarifica la distribución de responsabilidades entre la entidad territorial y la fiduciaria, garantizando la protección de los derechos laborales y la correcta administración de los recursos públicos. No se impuso condena en costas en esta instancia, y el expediente fue devuelto al juzgado de origen para los fines pertinentes, asegurando así el seguimiento adecuado del proceso y la ejecución de la sentencia. Esta resolución sienta un precedente importante para futuras reclamaciones similares y refuerza la obligación de las entidades territoriales de cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones adicionales.

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Tribunal administrativo confirma sanción por mora en pago de cesantías al departamento de Córdoba

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