Antecedentes y contexto del caso

Una docente retirada, adscrita hasta su retiro forzoso a la Secretaría de Educación Municipal de Montería, presentó el 24 de julio de 2024 una solicitud de reliquidación de su pensión de jubilación. La solicitud fue validada y remitida para estudio al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), administrado por Fiduprevisora S.A. Sin embargo, pasados varios meses, no recibió una respuesta de fondo, lo que motivó la presentación de una acción de tutela alegando vulneración a los derechos fundamentales de petición y seguridad social.

Respuestas de las entidades accionadas

La Secretaría de Educación manifestó haber remitido oportunamente la solicitud a Fiduprevisora para su análisis y haber requerido agilización del trámite. No obstante, afirmó que la respuesta definitiva depende del estudio de Fiduprevisora. Por su parte, Fiduprevisora aclaró que actúa como administradora y vocera del fondo, sin facultad para emitir actos administrativos o pagos, y que la responsabilidad recae en la Secretaría de Educación. Además, señaló que la tutela no es el mecanismo adecuado para exigir prestaciones económicas y que existen otras vías judiciales.

Decisiones judiciales y fundamentos

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería amparó inicialmente los derechos fundamentales de petición y seguridad social, ordenando a Fiduprevisora pronunciarse en 48 horas y a la Secretaría notificar la decisión en igual plazo. Se consideró que la demora excedía el término legal de cuatro meses para resolver solicitudes pensionales establecido en el Decreto 1272 de 2018. Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Córdoba revocó parcialmente esta sentencia. Confirmó la improcedencia de la tutela respecto al derecho a la seguridad...