El auto interlocutorio del Consejo de Estado aborda la solicitud de suspensión provisional presentada contra el Decreto 017 de 2016, mediante el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1072 de 2015 para reglamentar la convocatoria e integración de tribunales de arbitramento en conflictos colectivos laborales.

Antecedentes y solicitud

La demanda fue interpuesta por un ciudadano y un sindicato de trabajadores, quienes alegaron que el decreto excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo y afecta el derecho de asociación, libertad y autonomía sindical. En particular, cuestionaron la exigencia de presentar una declaración sobre la pluralidad de organizaciones sindicales en negociación colectiva y la obligación de unificar los pliegos de peticiones, aspectos que consideran restrictivos.

Análisis del Consejo de Estado

El Consejo recordó que la potestad reglamentaria del Presidente de la República es una atribución constitucional para dictar normas complementarias necesarias para la ejecución efectiva de la ley, sin modificarla ni crear normas originarias. En este caso, el decreto reglamenta de manera específica el procedimiento para la convocatoria e integración de tribunales de arbitramento, detallando requisitos, plazos y aspectos administrativos, en cumplimiento de las disposiciones generales previstas en el Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto a la supuesta vulneración de derechos sindicales, la Sala señaló que el decreto no interviene en la organización interna de las asociaciones sindicales, sino que establece mecanismos orientados a la eficacia y celeridad en la solución de conflictos colectivos laborales. La exigencia de informar sobre la pluralidad de organizaciones sindicales y aportar los pliegos de peticiones busca optimizar el trámite arbitral sin limitar la autonomía sindical ni el derecho a negociar de...