El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, admitió una demanda presentada contra el acto de designación de un magistrado de la Corte Constitucional por parte del Senado de la República, elegido en sesión plenaria del 20 de mayo de 2025. La demanda fue interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con fundamento en presuntas violaciones a principios constitucionales y legales.

Antecedentes y fundamentos de la demanda

La demanda cuestiona que la elección del magistrado habría vulnerado los principios de igualdad y no discriminación, en particular por incumplir la Ley 581 de 2000, que establece medidas de acción afirmativa para garantizar la participación adecuada y efectiva de las mujeres en los niveles decisorios del Estado. Se alega que la conformación final de la Corte Constitucional, con seis hombres y tres mujeres, rompe el equilibrio de género exigido. Además, se arguye que la edad del magistrado electo, cercana a la edad de retiro forzoso establecida en la Ley 270 de 1996, afecta la eficacia, continuidad del servicio y razonabilidad en la administración de justicia, dado que impediría culminar el período constitucional completo de ocho años, generando inestabilidad institucional y costos adicionales.

Trámite procesal y admisión de la demanda

El Consejo de Estado verificó que la demanda fue presentada dentro del término legal de caducidad y cumple los requisitos formales exigidos por la Ley 1437 de 2011. Se dio traslado a las partes demandadas, que negaron los cargos y solicitaron negar la medida cautelar solicitada. El Ministerio Público también presentó concepto en el que señaló la necesidad de un análisis más profundo para determinar la posible vulneración de los principios invocados.

Estudio de la suspensión provisional

La Sala recordó que para decretar la suspensión provisional de un acto administrativo en materia electoral es necesario que la violación alegada surja claramente del análisis del acto y las normas invocadas, sin que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo del asunto. Tras analizar los argumentos y pruebas aportadas, el Consejo de Estado concluyó que en esta etapa procesal no se cuenta con elementos suficientes para afirmar la violación normativa señalada, ni para acreditar la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la suspensión provisional de los efectos del acto demandado. Por ello, negó la medida cautelar solicitada.

Consideraciones sobre la cuota de género y la edad del magistrado

Se enfatizó que la elección se hizo a partir de una terna que incluía al menos una mujer, conforme al artículo 6 de la Ley 581 de 2000, norma que establece excepciones a la aplicación estricta de la cuota de género en cargos provistos por sistema de ternas o listas. Respecto a la edad del magistrado, se señaló que el cargo tiene un carácter individual y personal, sin fechas de inicio ni finalización estrictamente definidas, lo que dificulta plantear inhabilidades basadas en una inhabilidad futura como el retiro por edad. Además, la aplicación estricta de la edad de retiro forzoso no es plena para este régimen especial, según jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Decisión y notificaciones

En consecuencia, el Consejo de Estado: - Admite la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del magistrado de la Corte Constitucional. - Niega la suspensión provisional de los efectos del acto demandado. - Reconoce la personería de los apoderados de las partes para actuar en el proceso. Se ordena notificar a las partes involucradas y publicar la existencia del proceso en la página web de la corporación para conocimiento público. Además, se solicita al Senado aportar copia de los antecedentes del acto de elección para continuar con el trámite judicial. Este auto es una etapa inicial del proceso judicial que analizará en profundidad los cargos presentados, y no afecta la presunción de legalidad del acto demandado mientras se resuelve definitivamente la controversia. El proceso continuará su curso conforme a los procedimientos establecidos, garantizando el derecho de defensa de las partes y el respeto al debido proceso.