El tribunal administrativo competente para conocer actos administrativos de contenido electoral admitió la demanda interpuesta contra el decreto presidencial que convoca a una consulta popular para el 7 de agosto de 2025. La demanda sostiene que dicho decreto fue expedido sin contar con el concepto previo y favorable del Senado, requisito establecido en los artículos 31 literal b) y 32 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, lo que vulnera el principio de legalidad consagrado en la Constitución. El decreto en cuestión fue emitido pese a que el Senado negó expresamente el concepto solicitado para ...