Antecedentes y pretensiones

El demandante solicitó que se ordenara a las entidades demandadas restablecer permanentemente la movilidad del camino que conecta las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo, además de adelantar gestiones para conservar las especies naturales del sector. El camino ha sido utilizado históricamente por la comunidad para acceder a servicios públicos y contribuir al desarrollo social y económico. Sin embargo, el predio donde pasa el camino fue vendido y el nuevo propietario ha obstruido el tránsito, incluyendo tala de árboles y amenazas a quienes transitan.

Respuesta de las entidades y partes involucradas

La Curaduría Urbana negó la vulneración de derechos colectivos y afirmó que su función está relacionada con licencias urbanísticas. El municipio sostuvo que no tiene competencia para ordenar la apertura de caminos en predios privados y que no se ha vulnerado el tránsito. La Corporación Autónoma Regional indicó que ha cumplido con sus obligaciones y que no se demostró afectación ambiental. Los propietarios del predio defendieron que el camino ancestral está en mal estado, con riesgos geológicos, y que existen vías alternas para la comunidad.

Consideraciones legales y técnicas

El tribunal recordó que la acción popular protege derechos colectivos, no derechos reales como la servidumbre de tránsito, que debe ser resuelta por la jurisdicción ordinaria civil. Se destacó un concepto técnico de la autoridad ambiental que desaconseja la rehabilitación del camino debido a riesgos de deslizamientos y erosión. Asimismo, se constató que la comunidad tiene acceso a vías alternas para la comunicación entre veredas.

Decisión del tribunal

Se declaró improcedente la acción popular respecto a la servidumbre de tránsito, y se negaron las pretensiones sobre la protección de derechos colectivos ambientales por falta de prueba de vulneración. No se impusieron costas. La sentencia garantiza la aplicación de la ley y la protección del derecho ambiental con base en estudios técnicos y la legislación vigente. Esta decisión refuerza la necesidad de utilizar los mecanismos judiciales adecuados para controversias sobre derechos reales y subraya la importancia de considerar factores técnicos y ambientales en la gestión territorial. Así, se promueve un equilibrio entre el desarrollo comunitario y la conservación del entorno natural, respetando los procedimientos legales establecidos para cada tipo de conflicto.