Contexto y antecedentes

La acción popular fue instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra el departamento de Caldas, municipio de Villamaría, Corpocaldas y varias empresas de servicios públicos, ante la situación de riesgo por deslizamiento y falta de servicios básicos en el predio “Los Sauces”. Aproximadamente 66 viviendas habitadas irregularmente desde 2012 presentan condiciones de alta vulnerabilidad por remociones en masa, ausencia de alcantarillado y manejo inadecuado de aguas residuales y lluvias.

Derechos colectivos afectados

Se evidenció la vulneración de derechos colectivos previstos en los literales a), g), l) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relacionados con el goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, prevención de desastres previsibles técnicamente y realización ordenada de construcciones y desarrollos urbanos.

Responsabilidades y competencias

El departamento de Caldas, propietario del predio, incurrió en omisión al no adelantar los estudios técnicos necesarios para evaluar y mitigar el riesgo, ni ejecutar obras para tal fin. Por su parte, el municipio de Villamaría es responsable principal de la gestión del riesgo, incluyendo la reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo y la garantía de servicios públicos. Corpocaldas cumplió su función asesora técnica, mientras las empresas de servicios públicos prestaron los servicios dentro de sus capacidades técnicas dadas las condiciones del terreno.

Medidas ordenadas por el tribunal

Se ordena al departamento de Caldas realizar en seis meses los estudios de detalle para determinar la mitigabilidad del riesgo y, si es posible, ejecutar las obras correspondientes dentro del año siguiente. Simultáneamente, el departamento y el municipio deben garantizar la adecuada disposición de aguas residuales y...