El tribunal analizó el caso de una patrullera vinculada desde 2015 a la Policía Nacional, que solicitó traslado voluntario a Manizales en 2018, debido a sus condiciones familiares, y cuyo esposo también es miembro de la institución con traslado a dicha ciudad. En 2022, mediante una orden administrativa, se dispuso su traslado de regreso a Bogotá, desvinculándola además de la especialidad DIJIN, sin que se le notificara ni se le permitiera ejercer el derecho de defensa. La orden se fundamentó en necesidades del servicio, pero no se consideraron las circunstancias personales ni familiares de la ...