Contexto y antecedentes

La acción de tutela fue presentada por la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Cumbre, quien alegó la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia, confianza legítima, debido proceso, defensa y contradicción. La tutela buscaba dejar sin efectos una providencia dentro de un proceso de acción popular adelantado por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, en relación con la ocupación y destinación de un gimnasio ubicado en las instalaciones de la Junta. La Junta de Acción Comunal había reconocido y asumido la administración del gimnasio como programa social, ofreciendo servicios gratuitos a la comunidad, especialmente a grupos poblacionales vulnerables. Sin embargo, un particular promovió una acción popular contra el Municipio que derivó en la aprobación de un pacto de cumplimiento que ordenaba la recuperación del espacio público y el posible retiro del gimnasio. La parte accionante argumentó que no fue vinculada al proceso de acción popular como parte afectada, lo que vulneró su derecho al debido proceso y otros derechos fundamentales. Además, solicitó suspender cualquier acción que impidiera la prestación de los servicios del gimnasio hasta que se resolviera la tutela.

Respuesta de las entidades y proceso judicial

El Juzgado Primero Administrativo de Manizales rechazó la tutela, argumentando que no es procedente para reabrir procesos concluidos ni para revivir oportunidades procesales precluidas. El Municipio de Manizales manifestó que no vulneró derechos fundamentales y que las acciones administrativas para recuperar el espacio público están en trámite ante la autoridad de policía correspondiente. La Personería y el particular vinculado guardaron silencio. El Tribunal Administrativo de Caldas...