Contexto y propósito de la Ley 2468 de 2025

La Ley 2468, sancionada el 24 de junio de 2025 y publicada el 2 de julio del mismo año, surge como una respuesta a la necesidad de garantizar el financiamiento sostenible del pasivo pensional de las entidades territoriales colombianas. Modifica la Ley 549 de 1999, cuyo objetivo central es asegurar que las obligaciones pensionales derivadas de servicios prestados antes de la implementación del sistema general de pensiones actual estén debidamente cubiertas. En un país donde las entidades territoriales enfrentan crecientes retos financieros, esta norma busca proteger la estabilidad económica del Estado y asegurar el cumplimiento de compromisos adquiridos con los pensionados. El pasivo pensional, entendido como el conjunto de obligaciones compuestas por bonos pensionales, reservas matemáticas y otras prestaciones de carácter pensional anteriores a la Ley 100 de 1993, es una carga significativa para departamentos, municipios y distritos. La ley establece que estas obligaciones deben estar cubiertas en un cien por ciento para cada sector (salud, educación y propósito general) a más tardar en 2044, garantizando así un horizonte de planificación financiera claro y definido.

Proceso legislativo y aprobación

El proyecto fue presentado y tramitado en el Congreso de la República, donde se discutieron aspectos clave relacionados con la distribución de recursos y la responsabilidad administrativa. Tras la devolución sin objeciones por parte del Poder Ejecutivo dentro de los plazos constitucionales, el Presidente del Congreso sancionó la ley, evidenciando un consenso importante en las ramas legislativa y ejecutiva sobre la urgencia de reformar el régimen pensional territorial.

Contenido y disposiciones clave de la ley

Uno de los aspectos centrales de la Ley 2468 de 2025 es la modificación al artículo 1° de la Ley 549 de 1999, que establece la obligación de que las entidades territoriales cubran el cien por ciento del pasivo pensional por sector, con un plazo máximo hasta 2044. Para ello, se consideran tanto los pasivos del sector central como los del sector descentralizado, así como las reservas y fondos existentes. La ley define en detalle las fuentes de financiación destinadas a cubrir estas obligaciones, incluyendo porcentajes específicos de ingresos provenientes de privatizaciones nacionales, enajenación de activos territoriales, impuestos de registro y timbre, ingresos corrientes de libre destinación y recursos derivados del monopolio de juegos de suerte y azar. Además, un porcentaje del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías se orienta directamente al Fonpet para asegurar su sostenibilidad financiera. El Fonpet, creado y regulado por la ley, es un fondo sin personería jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que actúa como administrador centralizado de los recursos destinados a cubrir el pasivo pensional territorial. Cada entidad territorial tiene una cuenta individual dentro del Fonpet, reflejando en línea y tiempo real los movimientos y saldos, lo que promueve transparencia y control riguroso. Para la gestión y supervisión del Fonpet, se establece un Comité Directivo integrado por altos funcionarios de los Ministerios de Hacienda, Trabajo, Interior, Planeación y representantes de las entidades territoriales, entre otros actores relevantes. Este comité tiene funciones estratégicas como la aprobación de estados financieros, definición de políticas operativas, supervisión de auditorías y recomendaciones para el buen funcionamiento del sistema. Asimismo, la ley establece reglas claras para la emisión, cálculo y pago de bonos pensionales, garantizando la actualización actuarial y la posibilidad de negociación en mercados financieros regulados, lo que añade flexibilidad y seguridad jurídica al sistema.

Implicaciones y debates en torno a la ley

La Ley 2468 de 2025 representa un avance significativo en la regulación del financiamiento pensional territorial. Su enfoque integral y detallado busca mitigar riesgos financieros y promover la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, algunos sectores señalan que el plazo hasta 2044 para la cobertura total puede ser extenso, generando inquietudes sobre la gestión intergeneracional y la equidad en el tratamiento de las obligaciones. Además, la dependencia de diversas fuentes de ingresos, algunas sujetas a la volatilidad económica como los recursos provenientes de privatizaciones o juegos de azar, plantea desafíos para la estabilidad de los flujos financieros. La ley prevé mecanismos para sustituir fuentes en caso de extinción, pero la efectividad de estos ajustes dependerá de la capacidad administrativa y política del Estado. El papel del Comité Directivo y la supervisión de la Superintendencia Financiera se presentan como instrumentos clave para garantizar la transparencia y el buen manejo de los recursos, aunque su efectividad dependerá del compromiso institucional y la independencia en el ejercicio de sus funciones.

Aplicación práctica y perspectivas futuras

La implementación de esta ley requerirá una coordinación estrecha entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades territoriales y los órganos de control. La obligación de reportar información actualizada en línea y la creación de plataformas tecnológicas para la gestión del pasivo pensional facilitan el seguimiento y la toma de decisiones informadas. La ley también contempla la posibilidad de que las entidades territoriales utilicen excedentes una vez cubierto el pasivo, destinándolos a proyectos sociales, lo que puede generar impactos positivos en el desarrollo local. En suma, la Ley 2468 de 2025 busca consolidar un marco jurídico robusto para la gestión del pasivo pensional territorial, equilibrando la responsabilidad financiera con la protección de los derechos pensionales. Su éxito dependerá del compromiso de todos los actores involucrados y de la adecuada implementación de sus disposiciones en los próximos años, garantizando así la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional territorial en Colombia.

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