Antecedentes del caso

El demandante solicitó que se declarara la responsabilidad de la entidad promotora de salud liquidada y de una clínica privada, por los perjuicios sufridos tras una fractura y procedimientos quirúrgicos en la extremidad inferior derecha. Se pidió el pago de perjuicios materiales y morales por supuestos daños derivados de una segunda intervención quirúrgica, que según el demandante fue consecuencia de una mala práctica en la primera cirugía. La entidad promotora de salud y la clínica demandada negaron las pretensiones, argumentando que la obligación médica es de medio y no de resultado, que la atención fue prestada conforme a protocolos médicos y que las complicaciones obedecen a riesgos inherentes a los procedimientos, sin que existiera culpa o negligencia. El juzgado de primera instancia negó las pretensiones por falta de prueba suficiente sobre el daño derivado de la cirugía, señalando que las dolencias tenían origen previo a la intervención cuestionada.

Fundamento jurídico y análisis

La sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado está regulada en el artículo 90 de la Constitución Política, que establece la obligación de responder por daños antijurídicos imputables a la acción u omisión de autoridades públicas. Se enfatizó que para configurar dicha responsabilidad es necesario probar el daño antijurídico, la imputación fáctica (quién causó el daño) y la imputación jurídica (fundamento legal para la reparación). En materia médica, la jurisprudencia determina que la responsabilidad se sustenta en la falla probada del servicio, lo que implica demostrar que la atención médica no cumplió con los estándares de calidad vigentes y que existe nexo causal entre la falla y el daño sufrido....