El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, resolvió un recurso de apelación interpuesto por la sociedad fiduciaria que representa al patrimonio autónomo de un fideicomiso, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó sus pretensiones de reparación directa en contra del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Antecedentes y pretensiones de la demanda

La controversia se originó por la declaratoria de utilidad pública de varios predios en Barranquilla mediante el Decreto 400 de 2013, y la posterior inclusión de dichos inmuebles como espacio público en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adoptado por el Decreto Distrital 212 de 2014. La parte demandante alegó que estas medidas afectaron su derecho de propiedad y la viabilidad de un proyecto constructivo licenciado, generando un perjuicio económico cuyo valor ascendía a más de 10 mil millones de pesos. Las pretensiones principales solicitaban declarar la responsabilidad extracontractual del Distrito, el pago de indemnización por daño emergente y lucro cesante, la transferencia jurídica de dominio de los predios y el pago de costas y agencias en derecho.

Desarrollo procesal y decisiones previas

El Tribunal Administrativo de Atlántico, en primera instancia, negó las pretensiones señalando que el cambio de uso del suelo obedeció a una carga pública legítima y que no se probó una afectación concreta que limitara el derecho de propiedad más allá del bien expropiado, el cual ya había sido indemnizado. Además, destacó que la licencia urbanística otorgada para el proyecto seguía vigente y fue prorrogada, por lo que no se restringió la posibilidad de explotación económica del bien. El recurso...