El Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, resolvió un conflicto negativo de competencias surgido en el trámite disciplinario en contra de un inspector de policía del municipio de Soledad (Atlántico). El proceso se relaciona con presuntas irregularidades en la primera instancia de un proceso policivo por perturbación a la posesión, iniciado por una sociedad constructora contra particulares. El conflicto surgió porque la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico negaron sucesivamente su competencia para continuar con la actuación disciplinaria. La Comisión Seccional argumentó que los inspectores de policía no son funcionarios de la Rama Judicial y, en consecuencia, no está dentro de su competencia sancionarlos. Por su parte, la Procuraduría manifestó que, dado que los inspectores ejercen funciones jurisdiccionales en el proceso policivo, la competencia debía ser de la Comisión Seccional.

Análisis legal y jurisprudencial

En su análisis, la Sala recordó que, según la Ley 1801 de 2016 y la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, los procesos policivos por perturbación a la posesión tienen naturaleza jurisdiccional, y que los inspectores de policía ejercen funciones jurisdiccionales excepcionales, transitorias y ocasionales en dichos procesos. Asimismo, se revisó el marco normativo sobre la función disciplinaria frente a quienes ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional. La Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 y, más recientemente, por la Ley 2430 de 2024, atribuye a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales la competencia para investigar disciplinariamente a estos funcionarios, incluyendo a los inspectores de policía...