Contexto y antecedentes del caso

En junio de 2024, durante un discurso público en una universidad extranjera, el presidente de la República realizó manifestaciones relacionadas con el secuestro y asesinato de una mujer, atribuyendo de manera directa y específica a un familiar de dicha víctima la posible autoría del crimen, sin que existieran pruebas concluyentes que sustentaran esa afirmación. Las familiares de la víctima interpusieron acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la dignidad, alegando que las declaraciones constituyeron una revictimización y un agravio injustificado. Previamente, el Gobierno Nacional respondió que las afirmaciones fueron realizadas en ejercicio de la libertad de expresión y sin intención de atribuir responsabilidad penal específica, destacando además el reconocimiento estatal de la responsabilidad internacional por la falta de garantías judiciales en el caso y el compromiso con la justicia para las víctimas.

Decisión de primera instancia y respuesta de las partes

El tribunal de primera instancia amparó los derechos fundamentales de las accionantes, señalando que las declaraciones del presidente no cumplieron con las cargas de veracidad y afectaron su buen nombre y honra. Por su parte, la defensa argumentó que las afirmaciones se enmarcaban en un discurso político y de opinión, sin imputaciones penales específicas, y que la libertad de expresión del mandatario debe tener un amplio margen de protección en el debate público.

Análisis jurídico y fundamentos de la Sala

La Sala reconoció la competencia para conocer el caso y analizó la tensión entre la libertad de expresión y los derechos al buen nombre y la honra. Citó la Constitución y...