Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta en defensa de derechos como el debido proceso, la igualdad en la aplicación de la ley, la seguridad social, el acceso efectivo a la administración de justicia, la seguridad jurídica y la confianza legítima. Estos derechos habrían sido vulnerados por una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La tutela fue asignada a un despacho de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Fundamento del impedimento

Dos magistrados de la misma Sección manifestaron su impedimento para conocer esta acción de tutela, argumentando que el asunto está directamente relacionado con el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la corporación a la que pertenecen, específicamente con la prima especial de servicios establecida en la legislación vigente. El impedimento se fundamenta en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 y en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que establece como causal de impedimento cuando el funcionario judicial tiene interés en la actuación procesal. En este caso, al estar vinculados al régimen salarial cuestionado, existe un posible interés directo en el resultado del proceso.

Decisión del Consejo de Estado

Tras analizar los argumentos, el Consejo de Estado declaró fundado el impedimento de los magistrados, por lo que fueron separados del conocimiento de la acción de tutela. En consecuencia, se convocó a que otro despacho asuma el trámite del caso. Esta decisión busca garantizar la imparcialidad y la transparencia en el proceso judicial, asegurando que no existan conflictos de interés que...